2016-01-EDI-0-01

Empezamos este año 2016 con una acalorada discusión en los medios y en el Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que “facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos” (Boletín Nº 9885), impropiamente llamado agenda corta antidelincuencia, y la publicación del Informe de la Visita Semestral de Cárceles de la Comisión de la Corte de Apelaciones de Santiago en que se da cuenta al Pleno de la misma de las graves condiciones de hacinamiento, alimentación e infraestructura de los penales santiaguinos, agravadas si se puede decir así, por la inoperancia del sistema de concesiones penitenciarias y la incapacidad para gestionar espacios disponibles hoy inutilizados. En contraste, el despliegue de recursos de que dieron cuenta las noticias a principios de año destinados a alojar, con la mínima dignidad exigida para un preso en un Estado de Derecho, sólo por un par de semanas a un grupo de connotados empresarios y políticos sujetos a prisión preventiva, expresa más que cualquier tratado de sociología el grave problema de nuestra sociedad, que parece distinguir sin pudor entre ciudadanos de primera, segunda y hasta tercera clase. Es por ello que, aunque se anticipa en la fecha que corresponde a la Revista, creemos necesario publicar en este número las conclusiones del mencionado Informe y habríamos hecho lo mismo con el de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo y hurto si hubiese estado disponible, a efectos de que en el próximo número de esta Revista podamos contar con las notas y comentarios pertinentes.