Author: rcp_admin

I. Consideración del contexto fáctico que rodea a la diligencia de control de identidad. Máximas de la experiencia enseñan que la utilización de un vehículo en la comisión de un delito se hace sin respetar las exigencias de la Ley de Tránsito. Existencia de indicios suficientes para la realización del control de identidad. Procedencia del registro del vehículo en virtud del control de identidad. Hallazgo de un arma de fuego. Ii. Voto disidente: existencia de un indicio único consistente en una infracción a la Ley de Tránsito no resulta suficiente para la realización del control de identidad. Vulneración del debido proceso.

Procedimiento policial dentro de comunidad mapuche. Voto disidente: existencia de excesos por parte de Carabineros en el uso sus facultades. Improcedencia del registro de viviendas de integrantes de la comunidad sobre quienes no existía investigación alguna. Vulneración de la inviolabilidad del hogar y de la libertad personal.

I. Determinación restrictiva del alcance del artículo 255 del Código de Justicia Militar. Autorización para la recepción por parte de un tercero de información o documentación secreta se traduce en su incorporación en un registro de proveedores. Ii. Para determinar si la conducta reprochada configura el delito atribuido ha de atenderse al marco fáctico en que los hechos se han verificado. Iii. Determinación de la aplicación de la norma decisoria a los hechos de la causa no tiene el carácter automático. Contexto de comunicaciones no permite concluir que ellas recayeran sobre materias vedadas y que estaban destinadas a un tercero no autorizado a recibirlas.

I. Agente público remunerado a base de honorarios constituye empleado público para efectos penales. Ii. Causal de casación en la forma de incumplimiento de los requisitos de la sentencia, acogida. Incumplimiento de los requisitos de la sentencia de contener las consideraciones de hecho y de derecho, y las razones legales y doctrinarias que sirven para calificar el delito y sus circunstancias. Iii. Deber del tribunal de imponer la pena accesoria de inhabilitación especial perpetúa para cargos u oficios públicos tratándose del delito de fraude al fisco.

I. Extradición presupone la presencia de elementos serios y graves. Alcance de la expresión “procesados” en el nuevo proceso penal. Para la procedencia de la extradición basta que el requerido se encuentre imputado y que pese sobre él una orden de detención. II. Antecedentes del procedimiento que permiten presumir que en Chile se deduciría acusación. III. Principio de reciprocidad no puede primar como fundamento para negar la extradición.

Entrada y registro en lugar cerrado. Casos urgentes en que la inmediata autorización u orden judicial es indispensable para el éxito de la diligencia. Resolución judicial que accede a la solicitud de entrada y registro del fiscal se confunde con la orden para su ejecución. Orden para la ejecución de la diligencia no está sujeta al deber de motivación. No es necesaria la dictación de una segunda resolución que exprese los fundamentos de hecho y de derecho que el juez no pudo exponer en su oportunidad al conceder la orden. Irrelevancia de que la defensa no pueda acceder a los antecedentes expuestos por el fiscal al juez que concede la orden. Antecedentes constan en los registros policiales y del Ministerio Público.

I. Derecho al debido proceso. Aspectos que comprende el derecho al debido proceso. Ii. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Iii. Revisión de teléfono celular encontrado con ocasión del seguimiento del imputado. Procedencia de la revisión o manipulación del teléfono celular por parte de la policía. Imputado carece de legitimidad para reclamar la supuesta vulneración de la esfera de intimidad de la víctima.

Indemnización de perjuicios, rechazada. Responsabilidad del Ministerio Público por conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias. Factor de atribución de responsabilidad más restrictivo que la responsabilidad por falta de servicio. Actuar meramente equivocado, inexacto o desacertado del Ministerio Público no basta para calificar su conducta como injustificadamente errónea o arbitraria. Acusación fundada en una interpretación normativa distinta de aquella sostenida por la Corte de Apelaciones al acoger el recurso de nulidad del imputado no constituye una conducta injustificadamente errónea o arbitraria.

Respeto y protección a la vida privada e inviolabilidad de las comunicaciones. Procedencia de la intercepción de las comunicaciones. Requisitos de procedencia de la interceptación de comunicaciones telefónicas. Hallazgo de datos respecto de la comisión de un delito y la participación del imputado en virtud de una escucha telefónica en una investigación distinta. Entrada y registro en virtud de orden judicial. Pleno valor probatorio de los hallazgos imprevistos obtenidos en virtud de una medida investigativa decretada conforme a la ley.

Sola existencia de diferencias entre los registros de la investigación y la declaración de los testigos en el juicio oral no configura la causal de nulidad de infracción de derechos constitucionales. Existencia de herramientas para aclarar o confrontar los testimonios con los registros previos y para refutarlos mediante nueva prueba.

Lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar Sentencia dictada por un juez carente de imparcialidad. Improcedencia de que el juez resuelva sobre la base de antecedentes surgidos del conocimiento personal del juez fuera del juicio y que incorpora de iniciativa propia. Vulneración del debido proceso y del derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.