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Teoría del fruto del árbol envenenado, concepto y límites. Principio del vínculo atenuado como límite a la teoría del fruto del árbol envenenado. Ofrecimiento de una especie a los funcionarios policiales para que dieran término al control de identidad. Improcedencia de aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado respecto de la prueba obtenida de un delito cometido de manera flagrante con motivo u ocasión de una actuación ilegal previa de los funcionarios policiales. Ilicitud de base no produce una inmunidad absoluta del imputado.

Traslado y mantención de interna con uso de grilletes a pesar de su estado de gravidez y la inminencia de un parto complejo. Diagnóstico médico que permite descartar el intento de fuga. Uso de grilletes ante la absoluta innecesariedad de la medida adquiere carácter degradante. Gendarmería no empleó la forma de menor control y menos invasiva que resultaba suficiente para manejar la supuesta movilidad de la amparada. Vulneración al derecho a vivir una vida libre de violencia. Discriminación en la condición de mujer de la amparada. Discriminación por la pertenencia a una comunidad mapuche. Desproporcionado operativo de seguridad para el traslado a recinto asistencial. Interseccionalidad en la discriminación. Existencia de trato injusto, denigrante y vejatorio, dada la condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche. Vulneración a la seguridad individual y a la dignidad como persona.

I. Mera desatención o incumplimiento de la normativa procedimental no constituye, per se, una infracción al debido proceso. Improcedencia de otorgar el carácter de garantía constitucional a todo trámite, actuación y formalidad previstos en la ley adjetiva. II. Procedencia de la detención en caso de flagrancia. Registro de la bolsa por parte de particulares, no de funcionarios policiales. Excepción a la exclusión de elementos probatorios derivados de la ilicitud original en virtud de la teoría del descubrimiento inevitable. III. Facultad de los particulares para efectuar la detención en caso de flagrancia.

Rechazo de solicitud de adecuación de la pena. Aplicación de una agravante actualmente derogada. Ley Nº 20.931 no constituye una ley que exima al hecho delictivo de toda pena o imponga expresamente una sanción menos rigurosa. Prescindencia de la agravante actualmente derogada, pero reconocida, que no trae aparejada necesariamente la rebaja de la pena.

I. Implementación del Sistema de Apoyo a Fiscales –SAF– en virtud de la potestad reglamentaria del Fiscal Nacional. Procedencia de mantener disponibles las resoluciones condenatorias o sancionatorias para el eventual requerimiento en tribunales o en otros órganos. Improcedencia de mantener indefinidamente en el SAF los datos de una investigación que culminó en sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal. Vulneración del derecho a la honra y al respeto y protección de la vida privada. II. Voto disidente: listado de causas saf no reviste el carácter de secreto o reserva.

I. Denuncia de venta de droga por parte de un sujeto vestido como el imputado e intento de éste de entrar a un block al divisarlos no constituyen indicios suficientes para realizar el control de identidad. Intento de evadir a los funcionarios policiales requiere demostrar algún comportamiento que objetivamente pueda calificarse como destinado a escabullirse de los policías. Improcedencia de construir los indicios sobre la base de prejuicios y sesgos discriminatorios contra algún sector determinado de la población. Vulneración del debido proceso. II. Voto disidente: denuncia de venta de droga por parte de un sujeto vestido como el imputado e intento de éste de entrar a un block al divisarlos constituyen indicios suficientes para realizar el control de identidad. Inexistencia de arbitrariedad, abuso o sesgo en la actuación policial.

I. Labor de agente revelador puede ser ejecutada por alguien extraño a las policías. Procedencia que la elección del informante que actuará como agente revelador sea efectuada por la policía. II. Voto disidente: proposición de un informante determinado para ejecutar la labor de agente revelador corresponde a la policía, pero la elección corresponde al Ministerio Público.

Caso Colonia Dignidad. I. Requisitos de la excepción de cosa juzgada en materia penal. Identidad de hecho punible e identidad de sujeto activo. Excepción de cosa juzgada, rechazada. Ilícitos de la Ley sobre Control de Armas no abarcan todos los componentes de la asociación ilícita. II. Características del delito de asociación ilícita. Diferencia entre coparticipación y asociación ilícita. Elementos del delito de asociación ilícita. III. Improcedencia de aplicar la media prescripción tratándose de crímenes de lesa humanidad. Principio de proporcionalidad de la pena. IV. Voto disidente: procedencia de aplicar la media prescripción tratándose de crímenes de lesa humanidad. Media prescripción constituye una regla de orden público de aplicación obligatoria para los jueces.

Mantención de interno en la cárcel de alta seguridad. Traslado a la cárcel de alta seguridad producto de una sanción aplicada por Gendarmería. Cumplimiento del período de observación en forma satisfactoria. Improcedencia de mantener la medida de traslado. Procedencia del reingreso del interno al centro de cumplimiento penitenciario de Punta Peuco.

Lesiones sufridas en el marco de las celebraciones de la elección presidencial de 1989. I. Determinación de la calificación de un delito como crimen de lesa humanidad. Concepto de crímenes de lesa humanidad. II. Delito que no se enmarca dentro de un ataque generalizado a la población civil. Respuesta desmedida de funcionarios policiales en la vigilancia de los manifestantes. Hechos investigados que no constituyen un crimen de lesa humanidad. Excepción de prescripción, acogida.

Delito del artículo 97 Nº 4 inciso 1º del Código Tributario Prescripción debe continuar como si no se hubiere suspendido por la detención del pleito por el lapso de tres años. Cualquier detención del curso del procedimiento produce la ineficacia de la suspensión de la prescripción. Pasividad del tribunal por el lapso de tres años produce la ineficacia de la suspensión de la prescripción. Transcurso del plazo de prescripción de diez años de los crímenes.