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Lesiones sufridas en el marco de las celebraciones de la elección presidencial de 1989. I. Determinación de la calificación de un delito como crimen de lesa humanidad. Concepto de crímenes de lesa humanidad. II. Delito que no se enmarca dentro de un ataque generalizado a la población civil. Respuesta desmedida de funcionarios policiales en la vigilancia de los manifestantes. Hechos investigados que no constituyen un crimen de lesa humanidad. Excepción de prescripción, acogida.

Delito del artículo 97 Nº 4 inciso 1º del Código Tributario Prescripción debe continuar como si no se hubiere suspendido por la detención del pleito por el lapso de tres años. Cualquier detención del curso del procedimiento produce la ineficacia de la suspensión de la prescripción. Pasividad del tribunal por el lapso de tres años produce la ineficacia de la suspensión de la prescripción. Transcurso del plazo de prescripción de diez años de los crímenes.

Caso Fuerza Aérea de Chile contra Bachelet y otros. I. Actuación de los consejos de guerra en Chile a partir de 1973. Dictación de decretos leyes que establecen un “estado o tiempo de guerra denominado preventivo” y no real. Declaración jurídica de guerra actuó como ficción legal y justificación política para acciones represivas sin correspondencia con el contexto de referencia. II. Consejos de guerra convocados a partir de 1973 actuaron contraviniendo su propia normativa. III. Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –cidh–. Responsabilidad internacional del Estado respecto de sentencia dictada por la cidh. IV. Constitución hizo improcedente el recurso de revisión respecto de las sentencias dictadas por los consejos de guerra. Ley Nº 20.050 de 2005 establece la superintendencia de la Corte Suprema sobre los consejos de guerra. Código de Justicia Militar no establece la acción de revisión. V. Acción de revisión. VI. Condenados en los consejos de guerra que fueron objeto de tortura durante su sustanciación. Imputaciones de los coacusados y las confesiones no deben ser consideradas para la dictación de sentencia condenatoria. VII. Nulidad de las sentencias dictadas por el consejo de guerra respecto de todos los condenados.

Inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 29 del decreto ley (d.L.) Nº 3.538, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros. Igualdad ante la ley. Principio de proporcionalidad.

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 195, 195 bis y 196 ter, de la ley de tránsito. Principio de culpabilidad: aplicación objetiva de dichos artículos escapa a examen de constitucionalidad. Disposición que suspende la aplicación de las penas sustitutivas de privación de libertad por un año y disposición que ordena la suspensión de la aplicación de penas sustitutivas de penas privativas de libertad vulneran principio de proporcionalidad. Falta de proporcionalidad implica a la vez una afectación al principio de igualdad.

El bis in idem en el ordenamiento penal italiano. Del abuso de mercado al derecho sancionatorio tributario.

Recibimos este año 2017 con un volumen de nuestra Revista de Ciencias Penales especialmente rico en desarrollo jurisprudencial, atendidas las importantes sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en este período. Es por ello que hemos debido reducir la sección de Derecho y Ciencias Penales, incorporando únicamente el aporte de Pietro Sorbello desde Italia. Sorbello nos informa sobre las dificultades que la doctrina de la Corte Europea de Derechos Humanos ha puesto a la siempre sutil distinción entre derecho administrativo sancionador y derecho penal, y sus consecuencias en materia de bis in idem, tema que entre nosotros recibe un fácil despacho, pero que quizás evolucione a una mayor complejidad, como se aprecia en el texto. En un futuro próximo esperamos publicar un texto del profesor Viganó, que se hace cargo de la más reciente evolución de la jurisprudencia italiana en este materia.

The Insider. Controversia entre lo legal y lo ético.

Finalidad de la modificación del artículo 196 de la Ley de Tránsito mediante la ley Nº 20.580. Endurecimiento del tratamiento del conductor sorprendido manejando en estado de ebriedad. Alcance de las expresiones “evento” y “ocasión” empleadas por el actual artículo 196. Procedencia de aplicar la cancelación de licencia de conducir en los términos del actual artículo 196 a un delito cometido con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley nº 20.580. Respeto del principio de irretroactividad de la ley penal. Procedencia de considerar un evento ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley nº 20.580 para determinar la extensión de la pena accesoria prevista en el artículo 196 de la Ley de Tránsito.

Compatibilidad de la facultad sancionatoria administrativa con aquella ejercida en sede penal. Procedencia de valorar en sede judicial la prueba producida ante el órgano fiscalizador. Improcedencia de no valorar una prueba que no ha sido declarada como ilícita. Incumplimiento del deber de fundamentación de la sentencia. Causal de nulidad de incumplimiento de los requisitos de la sentencia, acogida. Incumplimiento del requisito de la sentencia de contener la exposición clara, lógica y completa de los hechos acreditados y de la valoración de la prueba.

Sobreseimiento definitivo del senador Patricio Walker. I. Existencia de pesquisas en trámite no impide decretar el sobreseimiento definitivo de una investigación. Derecho del imputado para pedir el sobreseimiento de la causa desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Ii. Desconocimiento de los derechos de la víctima al impedir el sobreseimiento la reapertura de la investigación es una consecuencia procesal derivada de la ley. Imposibilidad de forzar la acusación deriva de la decisión del Ministerio Público de no formalizar la investigación, no del sobreseimiento decretado. Iii. Voto disidente: existencia de dos querellas. Obligación del fiscal de desarrollar la investigación hasta al menos el cierre normal y legal de dicha etapa del juicio penal. Solicitud de beneficio económico a terceros por parte de un senador. Deber de acreditar si la solicitud de beneficio económico lo fue para omitir o por haber omitido un acto debido propio del cargo de senador. Investigación desformalizada extendida por un tiempo desmesurado. Control judicial anterior a la formalización de la investigación.