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Principio de irretroactividad de la ley penal. Improcedencia de aplicar la pena accesoria de cancelación definitiva de licencia de conducir por ilícitos perpetrados con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la nueva redacción del artículo 196 de la Ley de Tránsito. Vulneración del principio de irretroactividad de la ley penal.

I. Sentencia constituye una sola pieza jurídica y debe leerse de manera completa e interrelacionar su contenido. Apreciación de la prueba con libertad en el proceso penal. II. Atenuante de responsabilidad de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente produzcan arrebato u obcecación, acogida. Concepto de arrebato y de obcecación. Corresponde al juez apreciar lo poderoso del estímulo y determinar si naturalmente produciría en un hombre medio arrebato u obcecación. III. Atenuante de reparación celosa del mal causado, acogida. Reparación debe ser cierta, efectiva, inmediata y oportuna en la ejecución de actos concretos tendentes a eliminar o atenuar los resultados del delito. Atenuante no requiere un arrepentimiento moral ni excluye los motivos mezquinos de la reparación.

Teoría del fruto del árbol envenenado, concepto y límites. Principio del vínculo atenuado como límite a la teoría del fruto del árbol envenenado. Ofrecimiento de una especie a los funcionarios policiales para que dieran término al control de identidad. Improcedencia de aplicar la teoría del fruto del árbol envenenado respecto de la prueba obtenida de un delito cometido de manera flagrante con motivo u ocasión de una actuación ilegal previa de los funcionarios policiales. Ilicitud de base no produce una inmunidad absoluta del imputado.

Traslado y mantención de interna con uso de grilletes a pesar de su estado de gravidez y la inminencia de un parto complejo. Diagnóstico médico que permite descartar el intento de fuga. Uso de grilletes ante la absoluta innecesariedad de la medida adquiere carácter degradante. Gendarmería no empleó la forma de menor control y menos invasiva que resultaba suficiente para manejar la supuesta movilidad de la amparada. Vulneración al derecho a vivir una vida libre de violencia. Discriminación en la condición de mujer de la amparada. Discriminación por la pertenencia a una comunidad mapuche. Desproporcionado operativo de seguridad para el traslado a recinto asistencial. Interseccionalidad en la discriminación. Existencia de trato injusto, denigrante y vejatorio, dada la condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a la etnia mapuche. Vulneración a la seguridad individual y a la dignidad como persona.

I. Mera desatención o incumplimiento de la normativa procedimental no constituye, per se, una infracción al debido proceso. Improcedencia de otorgar el carácter de garantía constitucional a todo trámite, actuación y formalidad previstos en la ley adjetiva. II. Procedencia de la detención en caso de flagrancia. Registro de la bolsa por parte de particulares, no de funcionarios policiales. Excepción a la exclusión de elementos probatorios derivados de la ilicitud original en virtud de la teoría del descubrimiento inevitable. III. Facultad de los particulares para efectuar la detención en caso de flagrancia.

Rechazo de solicitud de adecuación de la pena. Aplicación de una agravante actualmente derogada. Ley Nº 20.931 no constituye una ley que exima al hecho delictivo de toda pena o imponga expresamente una sanción menos rigurosa. Prescindencia de la agravante actualmente derogada, pero reconocida, que no trae aparejada necesariamente la rebaja de la pena.

I. Implementación del Sistema de Apoyo a Fiscales –SAF– en virtud de la potestad reglamentaria del Fiscal Nacional. Procedencia de mantener disponibles las resoluciones condenatorias o sancionatorias para el eventual requerimiento en tribunales o en otros órganos. Improcedencia de mantener indefinidamente en el SAF los datos de una investigación que culminó en sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal. Vulneración del derecho a la honra y al respeto y protección de la vida privada. II. Voto disidente: listado de causas saf no reviste el carácter de secreto o reserva.

I. Denuncia de venta de droga por parte de un sujeto vestido como el imputado e intento de éste de entrar a un block al divisarlos no constituyen indicios suficientes para realizar el control de identidad. Intento de evadir a los funcionarios policiales requiere demostrar algún comportamiento que objetivamente pueda calificarse como destinado a escabullirse de los policías. Improcedencia de construir los indicios sobre la base de prejuicios y sesgos discriminatorios contra algún sector determinado de la población. Vulneración del debido proceso. II. Voto disidente: denuncia de venta de droga por parte de un sujeto vestido como el imputado e intento de éste de entrar a un block al divisarlos constituyen indicios suficientes para realizar el control de identidad. Inexistencia de arbitrariedad, abuso o sesgo en la actuación policial.

I. Labor de agente revelador puede ser ejecutada por alguien extraño a las policías. Procedencia que la elección del informante que actuará como agente revelador sea efectuada por la policía. II. Voto disidente: proposición de un informante determinado para ejecutar la labor de agente revelador corresponde a la policía, pero la elección corresponde al Ministerio Público.

Caso Colonia Dignidad. I. Requisitos de la excepción de cosa juzgada en materia penal. Identidad de hecho punible e identidad de sujeto activo. Excepción de cosa juzgada, rechazada. Ilícitos de la Ley sobre Control de Armas no abarcan todos los componentes de la asociación ilícita. II. Características del delito de asociación ilícita. Diferencia entre coparticipación y asociación ilícita. Elementos del delito de asociación ilícita. III. Improcedencia de aplicar la media prescripción tratándose de crímenes de lesa humanidad. Principio de proporcionalidad de la pena. IV. Voto disidente: procedencia de aplicar la media prescripción tratándose de crímenes de lesa humanidad. Media prescripción constituye una regla de orden público de aplicación obligatoria para los jueces.

Mantención de interno en la cárcel de alta seguridad. Traslado a la cárcel de alta seguridad producto de una sanción aplicada por Gendarmería. Cumplimiento del período de observación en forma satisfactoria. Improcedencia de mantener la medida de traslado. Procedencia del reingreso del interno al centro de cumplimiento penitenciario de Punta Peuco.