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I. Principio de no devolución. Riesgo de violación de la prohibición de la tortura debe extenderse al riesgo a la vida. Prohibición de devolución opera respecto de todo tipo de transferencia. Ii. Procedimiento de extradición es un antejuicio. Solo se determina la concurrencia de ciertos requisitos previstos por el legislador. Extradición constituye un acto estatal de cooperación penal internacional.

Presencia de los intervinientes no es obligatoria en la audiencia de discusión de salida alternativa. Improcedencia de la orden de detención dictada en contra del imputado para asegurar su concurrencia a la audiencia de discusión de salida alternativa. Vulneración de la libertad personal.

Bien jurídico protegido es la salud pública. Principio de lesividad como límite del ius puniendi estatal. Necesidad de examinar si la conducta significó un riesgo para el bien jurídico protegido. Examen de la producción del resultado de peligro resulta imperioso tratándose del delito de cultivo de cannabis. Delito de cultivo de cannabis previene el peligro de que alguien en el futuro ponga en riesgo la salud pública. Insuficiencia de acreditar la existencia de especies vivas del género cannabis. Justificación de que las especies vivas del género cannabis están destinadas al uso o consumo personal y exclusivo próximo en el tiempo.

Violaciones a los derechos humanos. I. Imprescriptibilidad e inamnistiabilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ii. Prevención: procedencia de la dictación de bandos cuando un conflicto bélico está en curso. Personas que se beneficiaron con declaración de estado de guerra no pueden desconocer su valor para ignorar sanciones. Convenios no pueden ser interpretados aisladamente. Concepto de crímenes de lesa humanidad.

I. Ministerio Público tiene la función de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito. Policía tiene cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones tendentes al éxito de la investigación. Inviolabilidad del hogar y de las comunicaciones privadas se extiende a los lugares u objetos sobre los que existe un espacio o ámbito privado, personal o familiar. Registro e incautación de especies en virtud de la detención en hipótesis de flagrancia. Especie sustraída a la víctima no brinda espacio de privacidad al imputado. Contestar un llamado telefónico en el teléfono celular incautado por la policía no vulnera el espacio de intimidad. Ii. Atenuante de responsabilidad de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, rechazada. Declaración con la única intención de exonerarse o aminorar la responsabilidad y que no coincide con la prueba rendida.

I. Derecho al debido proceso. Aspectos que contempla el derecho al debido proceso. Ii. Actuación de la policía, por regla general, se realiza bajo las instrucciones del Ministerio Público. Iii. Control de identidad practicado dentro de las hipótesis legales. Control de identidad no requiere la percepción sensorial de una conducta delictual, sino la existencia de indicios de su ocurrencia. Detención en caso de flagrancia. Respeto del debido proceso.

Control de identidad realizado luego de constatar la existencia de indicios suficientes. Imputado que abandona un bolso en la vía pública al percatarse de la presencia de funcionarios policiales. Carabineros debe recoger y registrar el bolso abandonado en la vía pública sin necesidad de autorización u orden previa.

Licitud de la prueba originada en hechos lícitos anteriores e independientes de la diligencia probatoria declarada ilegal. Hallazgo del cadáver de la víctima en virtud de la declaración del imputado ilegítimamente obtenida. Licitud de la prueba obtenida en virtud de una prueba ilícita cuando existen elementos probatorios que permiten concluir que hubiese sido descubierta por medios lícitos. Cadáver de la víctima que hubiese podido ser hallado por medios lícitos. Procedencia de incorporar las pruebas derivadas del hallazgo del cadáver de la víctima. Respeto del debido proceso.

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 239 y 240, incisos primero, tercero y cuarto, del Código Penal que tipifican las figuras de fraude al Fisco y de negociaciones incompatibles.

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo, quinto y octavo del artículo 22 del d.F.L. Nº 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques.

Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las frases “cuando lo interpusiere el Ministerio Público” y “de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo precedente”, contenidas en el artículo 277 del Código Procesal Penal.